Protege a tu empresa y a tus empleados con soluciones laborales estratégicas

Siempre, no solo cuando hay un conflicto. El asesoramiento laboral preventivo —contratos correctos, auditorías periódicas, protocolos actualizados— evita el 80% de los conflictos que llegan al juzgado. De forma urgente, cuando se recibe una demanda, una visita de la ITSS, un accidente laboral o una denuncia de acoso.

El graduado social es el profesional titulado específicamente en relaciones laborales: gestiona nóminas, altas y bajas en la Seguridad Social, contratos y representa a la empresa en conciliaciones ante el SMAC y en actos de juicio cuando actúa como representante técnico. El abogado laboralista añade la capacidad de ejercicio ante los juzgados de lo social y la orientación estratégica en conflictos de mayor complejidad. En Nextica, ambos perfiles trabajan juntos en cada caso.

Las sanciones laborales van desde 60 € (infracciones leves mínimas) hasta 225.018 € (infracciones muy graves) según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). Las tres áreas más sancionadas son: ausencia de registro de jornada (obligatorio desde mayo 2019, art. 34.9 ET), contratos temporales incorrectamente aplicados y ausencia de Plan de Igualdad en empresas obligadas.

Las empresas con 50 o más trabajadores están obligadas a tener un Plan de Igualdad negociado con la representación de los trabajadores y registrado en el REGCON (art. 45 LO 3/2007, modificado por el RDL 6/2019). El cómputo incluye todos los empleados de la empresa con independencia de su modalidad contractual.

Un despido es procedente cuando la empresa acredita las causas que lo motivan (disciplinarias u objetivas) y cumple los requisitos formales (carta de despido con hechos concretos, fecha, firma). Es improcedente cuando falla cualquiera de estos elementos. La consecuencia de la improcedencia es el pago de 33 días de salario por año trabajado (máximo 24 mensualidades) o la readmisión del trabajador, a elección de la empresa en el caso del despido disciplinario.

Revisa de inmediato la demanda para identificar los hechos que se impugnan, la pretensión económica del trabajador y los plazos procesales. Prepara las pruebas que acreditan la versión de la empresa (contratos, cartas, comunicaciones, testigos), te representa en la conciliación previa ante el SMAC (obligatoria antes del juicio) y, si no hay acuerdo, en el acto del juicio ante el juzgado de lo social.