¿Sobre qué tienes dudas?

Una empresa puede despedir sin indemnización cuando el despido disciplinario es declarado procedente: el trabajador ha cometido un incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones laborales (art. 54 ET), la empresa lo acredita documentalmente y la carta de despido cumple los requisitos formales. Los supuestos más frecuentes son las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad, la indisciplina, la transgresión de la buena fe contractual y la disminución voluntaria del rendimiento. Si el despido no cumple estos requisitos, se declara improcedente y la empresa debe pagar 33 días de salario por año trabajado (máx. 24 mensualidades). → Ver servicio: Despidos

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) puede revisar el cumplimiento de toda la normativa laboral y de seguridad social: contratos de trabajo y su modalidad correcta, registro de jornada (obligatorio desde mayo 2019, art. 34.9 ET), nóminas y cumplimiento del convenio colectivo, cotizaciones a la Seguridad Social, prevención de riesgos laborales, Plan de Igualdad y registro retributivo (para empresas de 50+ trabajadores), protocolo de acoso y canal de denuncias (obligatorio desde marzo 2023 para empresas de 50+ trabajadores según la Ley 2/2023). → Ver servicio: Inspección de trabajo

El ERE (Expediente de Regulación de Empleo) es un procedimiento colectivo para extinguir contratos de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (art. 51 ET). Afecta a un número mínimo de trabajadores según la plantilla y requiere un período de consultas de 30 días con los representantes. El ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) suspende los contratos o reduce la jornada de forma temporal por las mismas causas, sin extinguir el vínculo laboral. En el ERTE, los trabajadores perciben prestación por desempleo durante la suspensión y la empresa puede beneficiarse de exenciones en las cotizaciones. → Ver servicio: ERE/ERTE

Ante un accidente de trabajo, la empresa está obligada a: comunicarlo a la autoridad laboral mediante el parte de accidente en el plazo de 5 días hábiles (24 horas si es grave, muy grave o con resultado de muerte), investigar el accidente para determinar sus causas, adoptar medidas correctoras para prevenir accidentes similares y prestar asistencia sanitaria inmediata al trabajador. Si el accidente se produjo por falta de medidas de seguridad, la empresa puede estar sujeta al recargo de prestaciones (art. 164 LGSS), que puede oscilar entre el 30% y el 50% de la prestación que corresponda al trabajador, y a responsabilidad penal de los responsables de la empresa (art. 316-317 CP). → Ver servicio: Accidentes de trabajo

El registro de jornada es la obligación de registrar diariamente el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de cada trabajador (art. 34.9 ET, desde el 12 de mayo de 2019). Es obligatorio para todas las empresas con empleados por cuenta ajena, independientemente del sector, el tamaño de la empresa o el tipo de contrato. El registro debe organizarse y documentarse por la empresa, debe estar a disposición de los trabajadores y de la ITSS, y conservarse durante 4 años. El incumplimiento es una infracción grave (hasta 7.500 €). → Ver servicio: Inspección de trabajo

Un trabajador puede reclamar acoso laboral cuando sufre una conducta no deseada relacionada con el sexo (acoso sexual o por razón de sexo, art. 7 LO 3/2007) o conductas sistemáticas de hostigamiento psicológico o moral (mobbing) que atenten contra su dignidad o creen un entorno intimidatorio. La denuncia puede presentarse internamente (mediante el protocolo de acoso de la empresa) o externamente (ante la ITSS, el juzgado de lo social o los juzgados penales si los hechos son constitutivos de delito). La empresa está obligada a instruir el expediente de forma inmediata. → Ver servicio: Acoso laboral

Una SL española paga principalmente: Impuesto de Sociedades (IS) al tipo general del 25% sobre el beneficio (o al 15% en los primeros 2 ejercicios con base imponible positiva, art. 29.1 LIS); IVA al tipo general del 21%, 10% o 4% según el producto o servicio (Modelo 303 trimestral); retenciones de IRPF sobre los salarios de los trabajadores (Modelo 111 trimestral) y sobre alquileres (Modelo 115); y pagos fraccionados del IS (Modelo 202 en abril, octubre y diciembre). Si tiene ventas B2C en otros países de la UE que superen los 10.000 €/año, también debe gestionar el IVA a través del régimen OSS (Modelo 369 trimestral). → Ver servicio: Declaración de impuestos

Las principales vías legales de reducción fiscal para una empresa española son: aplicar las deducciones del IS disponibles (I+D+i hasta el 25-42%, art. 35 LIS; patent box al 60%, art. 23 LIS; creación de empleo para discapacitados, 9.000-12.000 €/persona); utilizar la reserva de capitalización (reducción del 10% del incremento de fondos propios, art. 25 LIS); compensar bases imponibles negativas de ejercicios anteriores (sin límite temporal, con restricciones para grandes empresas); y optimizar la estructura del grupo mediante una planificación fiscal que evite la doble imposición interna e internacional. → Ver servicio: Planificación fiscal

Si recibes un requerimiento de la AEAT, debes responder en el plazo indicado (habitualmente 10 días hábiles para verificaciones de datos, ampliable mediante solicitud). Lo más importante: no respondas sin asesoría especializada. Las primeras declaraciones ante la AEAT condicionan toda la defensa posterior y no pueden retractarse. Un requerimiento puede ser el inicio de una verificación de datos (el más leve), una comprobación limitada (art. 136 LGT) o una inspección tributaria plena (art. 141 LGT). El tipo de procedimiento determina las facultades de la AEAT y los derechos del contribuyente. → Ver servicio: Inspección de Hacienda

El registro en el régimen OSS (One Stop Shop) es obligatorio cuando las ventas B2C a consumidores de otros países de la UE (distintos de España) superan los 10.000 € anuales (en el año anterior o en el año en curso). El umbral es global: suma todas las ventas B2C intracomunitarias independientemente del número de países. Desde ese momento, el tipo de IVA aplicable es el del país del consumidor, no el español, y debes declararlo trimestralmente mediante el Modelo 369 ante la AEAT. Sin registro, la AEAT puede regularizar todas las ventas anteriores con el tipo correcto más recargos e intereses. → Ver servicio: Fiscalidad e-commerce

El plazo general de prescripción del derecho de la AEAT a liquidar una deuda tributaria es de 4 años, contados desde el día siguiente al del fin del plazo de presentación de la declaración (art. 66 LGT). Sin embargo, la prescripción se interrumpe por cualquier actuación formal de la AEAT o del propio contribuyente (presentación de declaración complementaria, solicitud de aplazamiento, etc.). Algunos impuestos tienen plazos especiales: las bases imponibles negativas pendientes de compensar pueden comprobarse hasta 10 años después de su generación (art. 26.5 LIS). → Ver servicio: Inspección de Hacienda

La reserva de capitalización (art. 25 LIS) permite a las empresas que tributan por el IS reducir su base imponible en un importe equivalente al 10% del incremento de sus fondos propios en el ejercicio, sin límite de tiempo para mantener la reserva. Para aplicarla, la empresa debe dotar una reserva indisponible por el importe de la reducción y mantenerla durante 5 años. No puede aplicarse si supone que la base imponible queda negativa. Es especialmente útil para empresas con beneficios crecientes que no necesitan distribuir dividendos inmediatamente. → Ver servicio: Planificación fiscal

El patent box (art. 23 LIS) es una reducción fiscal que permite excluir del 60% de la base imponible los ingresos derivados de la cesión de determinados activos intangibles: patentes, modelos de utilidad, software protegido por derechos de autor, diseños industriales y fórmulas o procedimientos secretos. Para aplicarlo, los intangibles deben haber sido creados al menos en un 25% por la empresa cedente. Es especialmente relevante para empresas tecnológicas, farmacéuticas e industriales con ingresos por licencias, cánones o servicios basados en know-how propio. → Ver servicio: Planificación fiscal

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Cataluña se rige por la Ley 19/2010, de 7 de junio, con tipos y reducciones propias distintas de otras comunidades autónomas. La reducción base para cónyuge e hijos es de 100.000 €, ampliable por edad (12.000 € adicionales por cada año menor de 21). La vivienda habitual tiene una reducción específica del 95% (máx. 500.000 €). Para la empresa familiar, la reducción puede llegar al 95% del valor si se cumplen los requisitos del art. 20.2.c LISyD (actividad económica real, participación del 5%/20%, retribución del socio activo superior al 50% de sus rendimientos). → Ver servicio: Herencias y sucesiones

El concurso de acreedores es obligatorio cuando la empresa se encuentra en estado de insolvencia actual: incapacidad para cumplir regularmente sus obligaciones exigibles (art. 2.2 del Texto Refundido de la Ley Concursal, TRLC). El plazo para presentarlo es de dos meses desde que el deudor conoce o debería conocer su estado de insolvencia (art. 5.1 TRLC). No presentarlo en plazo puede derivar en responsabilidad personal del administrador (art. 367 LSC) y en la calificación del concurso como culpable, con posible inhabilitación para administrar sociedades. El preconcurso (art. 583 TRLC) permite obtener una protección temporal de 3 meses mientras se negocia con los acreedores. → Ver servicio: Concurso de acreedores

Un pacto de socios (o pacto parasocial) debe incluir, como mínimo: mecanismo de toma de decisiones con quórums reforzados para decisiones estratégicas; régimen de transmisión de participaciones (derechos de tanteo, retracto y preferencia); qué pasa si un socio quiere salir (precio y procedimiento de valoración de participaciones); cláusula de no competencia entre socios. Si hay inversores, debe añadirse: cláusula antidilución (habitualmente weighted average), tag along (acompañamiento del minoritario), drag along (arrastre por el mayoritario), vesting de fundadores (adquisición diferida vinculada a permanencia) y derechos de información periódica. → Ver servicio: Pactos de socios

La due diligence es la revisión exhaustiva de una empresa antes de adquirirla o invertir en ella. Analiza sus aspectos legales (contratos, litigios, propiedad intelectual), fiscales (declaraciones, inspecciones en curso, contingencias con la AEAT), laborales (plantilla, convenio, litigios con trabajadores) y financieros (estados financieros, deudas, calidad del resultado). Es necesaria antes de cualquier compraventa de empresa o de participaciones significativas, antes de una fusión o escisión, y antes de una inversión en una startup por parte de un fondo o inversor. En Nextica realizamos due diligences multidisciplinares con equipo de abogados, economistas y graduados sociales. → Ver servicio: Due Diligence

El proceso de constitución de una SL dura entre 10 y 25 días hábiles en el procedimiento ordinario: 1-3 días para el certificado de denominación del RMC, 1-3 días para la notaría (con cita previa), y 5-15 días para la inscripción en el Registro Mercantil. El procedimiento telemático CIRCE puede reducir el plazo a 48-72 horas, pero con limitaciones en el contenido de los estatutos. Los costes aproximados son: certificado de denominación (~13 €), notaría (300-600 €) e inscripción registral (100-300 €). El capital social mínimo de 3.000 € no es un coste: queda en la cuenta de la sociedad. → Ver servicio: Constitución de sociedades

El compliance penal es el conjunto de políticas, procedimientos y controles que una empresa implanta para prevenir que sus directivos o empleados cometan delitos en su nombre. Desde la LO 1/2015, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables de determinados delitos (art. 31 bis CP). Tener un programa de compliance eficaz es el único mecanismo legal que permite exonerar a la empresa de responsabilidad penal si el delito se cometió eludiendo sus controles. No es obligatorio legalmente para todas las empresas, pero el canal de denuncias sí lo es para empresas con 50+ trabajadores desde marzo de 2023 (Ley 2/2023, sanción hasta 1.000.000 €). → Ver servicio: Compliance

Para proteger una marca en España, debe registrarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). El proceso dura entre 3 y 6 meses y la protección tiene una duración inicial de 10 años, renovable indefinidamente. Para proteger la marca en toda la Unión Europea, el registro debe hacerse ante la EUIPO (European Union Intellectual Property Office): con un único registro se obtiene protección en los 27 estados miembros. Nextica cuenta con abogados certificados por la EUIPO. Sin registro, cualquier tercero puede registrar tu marca antes y forzarte a cambiar el nombre de tus productos. → Ver servicio: Propiedad intelectual

Los administradores de una sociedad responden frente a la sociedad, los socios y los terceros por los daños causados por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o realizados incumpliendo los deberes inherentes al cargo (art. 236 LSC). La responsabilidad es solidaria entre todos los administradores cuando el daño sea consecuencia de un acto colectivo del órgano. Además, los administradores responden frente a los acreedores de las deudas sociales cuando no promuevan la disolución o el concurso de acreedores dentro de los plazos legales (art. 367 LSC). → Ver servicio: Derecho Mercantil

Todas las sociedades mercantiles (SL, SA, cooperativas) están obligadas a llevar contabilidad conforme al Plan General Contable (art. 25 del Código de Comercio) y a elaborar cuentas anuales al cierre de cada ejercicio (art. 34 C. de Comercio). Las cuentas deben aprobarse en junta en los 6 meses siguientes al cierre y depositarse en el Registro Mercantil dentro del mes siguiente a su aprobación. El incumplimiento del depósito genera el cierre registral de la sociedad y puede derivar en sanciones del ICAC. Los autónomos no tienen obligación de llevar contabilidad mercantil, pero sí deben registrar sus ingresos y gastos a efectos del IRPF. → Ver servicio: Outsourcing contable

El coste del outsourcing contable para una empresa depende principalmente del volumen de transacciones mensuales (número de facturas emitidas y recibidas), la complejidad de la actividad (operaciones intracomunitarias, OSS, varios tipos de retenciones) y el nivel de informes requeridos. No hay un precio estándar de mercado porque la variabilidad es muy alta. En Nextica Law & Tax elaboramos un presupuesto personalizado sin compromiso tras una primera reunión en la que analizamos el volumen y las necesidades específicas de cada empresa. → Ver servicio: Outsourcing contable

Las empresas están obligadas a auditar sus cuentas cuando durante dos ejercicios consecutivos superan dos de los tres umbrales del art. 263 LSC: activo total superior a 4 millones de euros, cifra anual de negocios superior a 8 millones de euros, o número medio de trabajadores superior a 50. También están obligadas las empresas que reciben subvenciones o ayudas públicas superiores a 600.000 € en el ejercicio y las que cotizan en mercados regulados. Las SL y SA que no superen estos umbrales pueden auditar voluntariamente (lo que mejora la credibilidad frente a bancos e inversores). → Ver servicio: Supervisión contable

La información que una matriz extranjera habitualmente requiere de su filial española incluye: estados financieros mensuales (P&L, balance y cash flow) en el formato y con los estándares del grupo (IFRS o US GAAP si la matriz cotiza), análisis de desviaciones Budget vs. Actual con comentarios explicativos, KPIs operativos específicos del sector, información de CAPEX y headcount, y paquete de cierre trimestral o anual con los ajustes de consolidación necesarios. En Nextica Law & Tax preparamos todos estos informes en inglés y los entregamos dentro de los plazos del grupo. → Ver servicio: Reporting a matrices

No es legalmente obligatorio, pero sí muy recomendable si vendes en varios países de la UE (obligación del OSS), tienes marca propia (necesitas el Brand Registry para protegerla), facturas más de 100.000 € anuales (el riesgo fiscal y legal justifica el coste), estás pensando en comprar o vender una cuenta de Amazon (due diligence imprescindible), o has recibido una suspensión de cuenta (el Plan de Acción requiere conocimiento específico de los criterios de Amazon y debe redactarse en inglés). → Ver servicio: Marketplaces y Amazon

El Amazon Brand Registry es un programa que permite a las marcas registradas proteger sus productos en Amazon frente a vendedores no autorizados (hijackers) y contenido no deseado. Para acceder, necesitas una marca registrada en la OEPM (España), el EUIPO (Europa) o el USPTO (USA). Con el Brand Registry puedes retirar listings no autorizados, proteger el contenido A+ de tus productos y acceder a herramientas de transparencia y seguimiento. En Nextica gestionamos el registro de marca y la inscripción en el Brand Registry. El proceso completo dura entre 4 y 12 meses. → Ver servicio: Marketplaces y Amazon

Sí, la compraventa de cuentas de Amazon es legal en España si se realiza mediante un contrato adecuado. Amazon no prohíbe expresamente la transferencia de cuentas si se cumplen sus términos de servicio. El proceso requiere una due diligence previa de la cuenta (métricas de rendimiento, historial de sanciones y restricciones, deudas con Amazon, disputas abiertas) y un contrato de compraventa que proteja al comprador frente a problemas no declarados por el vendedor, incluyendo declaraciones y garantías y mecanismos de retención de precio (escrow) hasta la verificación del traspaso. → Ver servicio: Marketplaces y Amazon

En cuanto empieces a generar ingresos, a asumir obligaciones frente a terceros (contratos con clientes o proveedores) o a contratar empleados. Operar como autónomo cuando tienes socios o inversores es una señal de alerta para cualquier inversor y genera problemas en la valoración futura. La SL protege tu patrimonio personal (responsabilidad limitada al capital aportado), facilita la entrada de capital externo y permite diseñar los estatutos y el pacto de socios que regulen la relación entre los fundadores desde el primer momento. → Ver servicio: Constitución de sociedades

El term sheet es el documento no vinculante que recoge los términos principales de una ronda de inversión: valoración pre-money de la empresa, importe de la ronda, tipo de participaciones o instrumento (ampliación de capital, SAFE, nota convertible), derechos económicos del inversor (liquidation preference, antidilución) y derechos políticos (quórums de veto, información rights, asiento en el consejo). Los puntos más críticos a negociar son: la valoración, las cláusulas antidilución (weighted average vs. full ratchet), la liquidation preference y su carácter participante o no, y los quórums de decisión que limitan la autonomía de los fundadores. → Ver servicio: Startups

La Ley 28/2022, de impulso del ecosistema de las empresas emergentes, introduce beneficios fiscales específicos para las startups acreditadas por ENISA: deducción del 50% de la inversión en el IRPF del inversor (hasta 100.000 € de base de deducción); exención de hasta 12.000 € anuales en IRPF por rendimientos del trabajo derivados de opciones sobre acciones (stock options) de startups; tipo reducido del IS del 15% en el primer ejercicio con base imponible positiva (generalizado para todas las empresas de nueva creación); y acceso al régimen especial de impatriados (art. 93 LIRPF) para trabajadores que se trasladen a España para trabajar en la startup. → Ver servicio: Startups

El protocolo de familia es el acuerdo entre los miembros de la familia empresaria que regula su relación con la empresa: quién puede ser socio, quién puede trabajar en ella y en qué condiciones, cómo se valoran y transmiten las participaciones en caso de herencia o donación, cómo se distribuyen los dividendos, qué pasa en caso de divorcios o fallecimientos de socios, y cómo se resuelven los conflictos. No es obligatorio, pero es el instrumento más eficaz para prevenir los conflictos que destruyen la empresa en el proceso de sucesión generacional. Para ser jurídicamente vinculante, sus previsiones deben coordinarse con los estatutos sociales o con un pacto parasocial. → Ver servicio: Empresas familiares

Para que las participaciones de una empresa familiar se beneficien de la reducción del 95% en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (art. 20.2.c LISyD), deben cumplirse simultáneamente: (1) la empresa debe realizar una actividad económica real (no puede ser una sociedad patrimonial de mera tenencia de bienes); (2) la participación del causante debe ser de al menos el 5% individualmente o el 20% en grupo familiar (cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el segundo grado); (3) el causante o algún miembro del grupo familiar debe ejercer funciones directivas con retribución que represente más del 50% de sus rendimientos del trabajo y actividades económicas; y (4) los herederos deben mantener las participaciones durante al menos 5 años. → Ver servicio: Herencias y sucesiones

En Cataluña, además de los instrumentos de planificación sucesoria del Código Civil general (testamento, donación, seguros de vida), el Código Civil Catalán (CCCat) ofrece herramientas específicas: los pactos sucesorios (art. 431-1 y ss. CCCat), que permiten acordar la sucesión de una persona en vida mediante escritura pública, y los heredamientos (art. 431-2 y ss. CCCat), que son la modalidad más completa de pacto sucesorio. Estas figuras son especialmente útiles para planificar la transmisión de la empresa con antelación, combinando la transmisión de las participaciones con condiciones y la aplicación de las reducciones fiscales del ISD en el momento más favorable. → Ver servicio: Herencias y sucesiones

Los precios de transferencia son los precios pactados en operaciones entre entidades del mismo grupo empresarial (filial y matriz, filiales entre sí). La normativa española (art. 18 LIS, y el Título VI del RLIS) exige que estas operaciones se realicen a precios de mercado y que las empresas con operaciones vinculadas que superen los 250.000 € anuales documenten esas operaciones en el "masterfile" y el "local file". El incumplimiento puede derivar en ajustes fiscales por la AEAT y en sanciones de hasta el 15% del importe de las operaciones no documentadas. → Ver servicio: Fiscalidad internacional

Una filial española está sujeta a toda la normativa laboral española: convenio colectivo del sector aplicable, registro de jornada para todos sus trabajadores, Plan de Igualdad si tiene 50 o más trabajadores, canal de denuncias (Ley 2/2023) si tiene 50 o más trabajadores, protocolo de acoso laboral (obligatorio con independencia del tamaño), y cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Los expatriados enviados por la matriz pueden acogerse al régimen especial de impatriados (art. 93 LIRPF, "Ley Beckham") si cumplen los requisitos, lo que les permite tributar al 24% fijo en lugar del tipo progresivo del IRPF. → Ver servicio: Multinacionales y filiales

Sí, pero la estructura puede ser laboral o de desplazamiento temporal y tiene implicaciones muy distintas. En el desplazamiento temporal (art. 40 ET y Directiva 96/71/CE), el trabajador mantiene su contrato con la matriz y las condiciones de origen, pero debe cumplir las condiciones mínimas laborales del país de destino (España). En la contratación local, el trabajador firma un contrato español y queda sujeto íntegramente a la normativa laboral española. El régimen de impatriados (art. 93 LIRPF) puede aplicarse si el trabajador no ha sido residente fiscal en España en los 5 años anteriores y se traslada para trabajar en la filial. → Ver servicio: Multinacionales y filiales