Nextica para el Sector Público: licitar, recurrir y cobrar

Antes de presentarse: pliego, solvencia y registros

Lectura del pliego con el calendario delante, DEUC, acreditación de la solvencia técnica y económica y preparación de las subsanaciones que casi siempre llegan. Alta y mantenimiento en el ROLECE estatal y en el RELI de la Generalitat, y clasificación de contratistas cuando el contrato la exige (art. 77 de la Ley 9/2017 y Reglamento aprobado por el RD 1098/2001, obligatoria en obras a partir de 500.000 € de valor estimado). Si el contrato solo se alcanza en unión con otra empresa, se constituye la UTE al amparo de la Ley 18/1982 y se redacta el acuerdo interno que nadie suele escribir: reparto, aportaciones, gobierno y responsabilidad solidaria frente al órgano de contratación. Y una revisión que ahorra disgustos: las prohibiciones de contratar del art. 71 de la Ley 9/2017, porque una sanción o una condena firme puede dejar a la empresa fuera de toda la contratación pública.

Cuando algo sale mal: el recurso especial y el contencioso

Contra los pliegos, la exclusión o la adjudicación de los contratos sujetos a él cabe el recurso especial en materia de contratación (arts. 44 y siguientes de la Ley 9/2017): quince días hábiles, sin tasa, ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales o, cuando el poder adjudicador es catalán, ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Recurrir la adjudicación impide que el contrato se formalice mientras se resuelve, que es lo que de verdad cambia el resultado. Agotada la vía administrativa queda el contencioso-administrativo de la Ley 29/1998, y cuando el daño lo ha causado la propia actuación administrativa, la reclamación de responsabilidad patrimonial del art. 32 de la Ley 40/2015 por el procedimiento de la Ley 39/2015.

Durante la ejecución: personas, precios y equilibrio

Ganar el contrato es heredar sus condiciones. La subrogación de la plantilla impuesta por el pliego (art. 130 de la Ley 9/2017) obliga a presupuestar personas cuyas condiciones se conocen tarde, y las cláusulas sociales convierten el salario de convenio en condición especial de ejecución. Después llegan los modificados, las penalidades, la recepción y la liquidación. Cuando el contrato se ganó ajustado y el coste real se dispara, la salida legal no es dejar de cumplir: es el reequilibrio económico y la revisión de precios, con el marco de la Ley 2/2015 de desindexación de la economía española y lo que el propio pliego permita.

El dinero: cobrar lo facturado y justificar lo subvencionado

La factura se presenta por vía electrónica en los términos de la Ley 25/2013, y la Administración tiene treinta días para pagarla desde la aprobación de los documentos que acreditan la conformidad (art. 198.4 de la Ley 9/2017). Pasado el plazo, los intereses de demora de la Ley 3/2004 se devengan automáticamente, sin necesidad de requerimiento: la mayoría de las empresas no los reclama porque no sabe que ya los tiene. Y con el dinero que no viene de una factura sino de una ayuda —subvenciones de la Ley 38/2003 y su Reglamento (RD 887/2006), fondos Next Generation y PERTE—, el trabajo empieza en la solicitud y termina en la cuenta justificativa, que es donde se decide si tres años después llega una carta de reintegro.